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El informe propone un marco integrado de políticas para la formalización, el desarrollo productivo, la protección de los derechos laborales, el impulso de espacios de diálogo social y la generación de mecanismos de coordinación interinstitucional, entre otras.
A través de una búsqueda exhaustiva de fuentes de información oficial con el fin de identificar estadísticas y construir indicadores, el estudio «Trabajo decente en los sectores pesca y acuicultura en América Latina y el Caribe» permite vislumbrar la evolución del trabajo decente en los sectores de la pesca y acuicultura de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay durante el periodo 2018-2022.
Asimismo, el estudio toma en consideración a Honduras, El Salvador y la República Dominicana como países en los que se identificó la aplicación de algunas buenas prácticas para el trabajo decente en los sectores analizados.
Entre los resultados del trabajo en el sector de la pesca y la acuicultura, se ha podido estimar que el grado de informalidad, según los países analizados, se encontraría en un rango de 62-80 por ciento. Estos trabajadores no gozan del derecho de contar con un contrato laboral físico y tendrían limitaciones para poder acceder a los mecanismos de protección social (salud y pensión) y de seguridad y salud en el trabajo (SST), y en el propio ejercicio de sus derechos laborales.
Por otro lado, en el sector formal de las actividades pesquera y acuícola, la contratación laboral han tenido en su conjunto un incremento del 80,8 por ciento en el periodo comprendido entre 2018 y 2022, en el que han destacado Chile y Ecuador con la mayor proporción de contratos totales vigentes de los países analizados.
El estudio además revela que las empresas medianas y grandes de los sectores de la pesca y la acuicultura procuran cumplir con las normativas nacionales e internacionales vinculadas al trabajo decente, más aún cuando son exigencias de sus propios mercados y certificaciones. Sin embargo, en opinión de los trabajadores, debe mejorarse aún el cumplimiento de los derechos laborales, con énfasis en los fundamentales: libertad sindical, negociación colectiva y salud y seguridad en el trabajo, así como en el diálogo social, a fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos laborales.
Este escenario no se presenta ni en la pesca artesanal ni en la pequeña acuicultura, las cuales, por su capacidad operativa y de gestión, sus condiciones financieras y su alto grado de informalidad, tienen dificultades para cumplir con las exigencias de las normativas laborales y limitaciones para cumplir con todas las normas sectoriales referidas a la obtención de derechos, licencias y certificaciones , así como con las exigencias sanitarias y ambientales de la pesca y la acuicultura.
Efraín Quicaña, especialista en economía rural, desarrollo productivo y formalización de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe y coordinador del informe.
Finalmente, el estudio propone impulsar la formulación y puesta en marcha de un marco integrado de políticas con intervenciones innovadoras y efectivas de formalización en el sector pesca y acuicultura con un enfoque de igualdad de género, que promuevan el desarrollo productivo, el empleo y desarrollo de competencias, la protección social, así como políticas de cumplimiento de derechos laborales e incentivos. Cabe señalar que, el marco integrado de políticas deberá considerar las particularidades de la pesca y la acuicultura, y los mecanismos de diálogo social y coordinación interinstitucional, para garantizar un verdadero impacto en la reducción de la informalidad.
